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Martes, 4 de Agosto 2015
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Entrada en vigor de la última reforma del Código Penal
 
Cambios en la exoneración de la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas
 
El pasado 1 de julio entraba en vigor la última reforma del Código Penal. La modificación incide en la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, pero esta vez para aportar mayor claridad a su articulado.
 
Con la nueva redacción quedan enumeradas de forma precisa las características que debe tener un Programa de Defensa Penal para la prevención de delitos penales y que la empresa quede exonerada de responsabilidad criminal. De esta manera se da una redacción más exhaustiva al "deber de control" que aparecía en la regulación anterior.
 
Los programas de compliance que las empresas deben implantar y hacer públicos entre sus directivos y empleados incluirán la relación de las posibles actuaciones delictivas a las que puede estar expuesta la empresa y designarán a los encargados de su control.

Publicada en el BOE la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo
 
El pasado 4 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado publicaba la "Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo". Esta norma prevé una nueva regulación del régimen de responsabilidad por daños de los administradores.
 
En términos generales, se amplía la tipificación de conductas desleales de administradores, estableciendo obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad (deber de secreto, de abstención de voto en casos de conflicto de interés o actuación independiente) y estableciendo las conductas contrarias a ese deber (conflicto de interés, en el que el administrador pueda beneficiarse de la actividad de la sociedad o de aquellas competidoras).
 
La reforma extiende el régimen de responsabilidad de los administradores a personas asimiladas, incluyendo así a personas que tengan atribuidas facultades de alta dirección (directores generales) en los casos que no se haya nombrado un consejero delegado, y amplía el concepto de "administrador de hecho". Con su entrada en vigor, se flexibilizan los requisitos y supuestos de legitimación para la interposición de la acción social de responsabilidad y el deber de diligencia en el régimen de responsabilidad civil mediante la aplicación del principio de discrecionalidad empresarial (business judgment rule), ya que la ley ampara al administrador siempre que se demuestre que ha actuado de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y en base a un procedimiento de decisión adecuado.
 
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