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Domingo, 26 de Abril 2015
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Los corredores de seguros deben identificar a todos los tomadores de seguros de vida antes del 30 de abril y registrar a los beneficiarios 

Inade, Instituto Atlántico del Seguro recuerda que el próximo 30 de abril finaliza el plazo que establece la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, por la que los corredores de seguros deben tener identificados a todos los tomadores de los seguros de vida que intermedien, en cualquiera de sus modalidades. 
 
Además, con la entrada en vigor del Reglamento de la citada Ley, se debe tener igualmente registrada la identidad de los beneficiarios desde el momento en que sean designados por el tomador. El incumplimiento de esta obligación está tipificado como una infracción grave.

Publicada en el BOE la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo
 
El pasado 4 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado publicaba la "Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo". Esta norma prevé una nueva regulación del régimen de responsabilidad por daños de los administradores.
 
En términos generales, se amplía la tipificación de conductas desleales de administradores, estableciendo obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad (deber de secreto, de abstención de voto en casos de conflicto de interés o actuación independiente) y estableciendo las conductas contrarias a ese deber (conflicto de interés, en el que el administrador pueda beneficiarse de la actividad de la sociedad o de aquellas competidoras).
 
La reforma extiende el régimen de responsabilidad de los administradores a personas asimiladas, incluyendo así a personas que tengan atribuidas facultades de alta dirección (directores generales) en los casos que no se haya nombrado un consejero delegado, y amplía el concepto de "administrador de hecho". Con su entrada en vigor, se flexibilizan los requisitos y supuestos de legitimación para la interposición de la acción social de responsabilidad y el deber de diligencia en el régimen de responsabilidad civil mediante la aplicación del principio de discrecionalidad empresarial (business judgment rule), ya que la ley ampara al administrador siempre que se demuestre que ha actuado de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y en base a un procedimiento de decisión adecuado.
 
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