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Jueves, 2 de Julio 2015
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Entrada en vigor de la última reforma del Código Penal
 
Cambios en la exoneración de la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas
 
El pasado 1 de julio entraba en vigor la última reforma del Código Penal. La modificación incide en la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, pero esta vez para aportar mayor claridad a su articulado.
 
Con la nueva redacción quedan enumeradas de forma precisa las características que debe tener un Programa de Defensa Penal para la prevención de delitos penales y que la empresa quede exonerada de responsabilidad criminal. De esta manera se da una redacción más exhaustiva al "deber de control" que aparecía en la regulación anterior.
 
Los programas de compliance que las empresas deben implantar y hacer públicos entre sus directivos y empleados incluirán la relación de las posibles actuaciones delictivas a las que puede estar expuesta la empresa y designarán a los encargados de su control.

Cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales 

Los corredores de seguros deben identificar a todos los tomadores de seguros de vida antes del 30 de abril y registrar a los beneficiarios 

Inade, Instituto Atlántico del Seguro recuerda que, en cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, los corredores de seguros deben tener identificados a todos los tomadores de los seguros de vida que intermedien, en cualquiera de sus modalidades. 
 
Además, con la entrada en vigor del Reglamento de la citada Ley, se debe tener igualmente registrada la identidad de los beneficiarios desde el momento en que sean designados por el tomador. El incumplimiento de esta obligación está tipificado como una infracción grave.

Avances en la tramitación del nuevo Baremo de accidentes de Tráfico
 
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley que reforma el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico (conocido popularmente como "Baremo").
 
Esta reforma, que actualiza un sistema vigente desde 1995, es fruto de un importante acuerdo entre dos partes afectadas: las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y la representación de las entidades aseguradoras. El nuevo texto actualiza la norma adaptándola a la realidad social actual, de manera que se fomenta la rápida resolución de los conflictos y se potencian los acuerdos extrajudiciales.
 
En términos generales, la nueva Ley permite incrementar la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante la garantía de una indemnización suficiente, lo que sitúa a España a la altura de las reformas que en el ámbito comunitario se han emprendido en relación con el seguro del automóvil. Además, mejora el tratamiento resarcitorio de los perjudicados por los accidentes de tráfico y establece un sistema indemnizatorio activo, actualizado y adaptado a la realidad.
 

Publicada en el BOE la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo
 
El pasado 4 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado publicaba la "Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo". Esta norma prevé una nueva regulación del régimen de responsabilidad por daños de los administradores.
 
En términos generales, se amplía la tipificación de conductas desleales de administradores, estableciendo obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad (deber de secreto, de abstención de voto en casos de conflicto de interés o actuación independiente) y estableciendo las conductas contrarias a ese deber (conflicto de interés, en el que el administrador pueda beneficiarse de la actividad de la sociedad o de aquellas competidoras).
 
La reforma extiende el régimen de responsabilidad de los administradores a personas asimiladas, incluyendo así a personas que tengan atribuidas facultades de alta dirección (directores generales) en los casos que no se haya nombrado un consejero delegado, y amplía el concepto de "administrador de hecho". Con su entrada en vigor, se flexibilizan los requisitos y supuestos de legitimación para la interposición de la acción social de responsabilidad y el deber de diligencia en el régimen de responsabilidad civil mediante la aplicación del principio de discrecionalidad empresarial (business judgment rule), ya que la ley ampara al administrador siempre que se demuestre que ha actuado de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y en base a un procedimiento de decisión adecuado.
 
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